AvaTrade y el Gobierno de España: Las pruebas de una impunidad institucional
Cuando un ciudadano es víctima de una estafa financiera, lo mínimo que espera es que las instituciones de su país —aquellas que se financian con sus impuestos— actúen como un escudo protector y persigan el delito. Sin embargo, en el caso del fraude masivo perpetrado por la red que opera bajo la marca AvaTrade, el comportamiento de los distintos estamentos del Estado español (desde organismos reguladores hasta ministerios y juzgados) dibuja un escenario alarmante.
¿Incompetencia administrativa, negligencia sistemática o protección encubierta a delincuentes de cuello blanco? Los hechos documentados y las pruebas irrefutables apuntan a un sistema que persigue a las víctimas mientras facilita una alfombra roja a quienes saquean sus ahorros.
A continuación, exponemos las pruebas documentales que demuestran cómo el sistema ha operado a favor de los intereses del bróker.
1. El escándalo de la OMPI: España contra México
El intento de censura por parte de la empresa alcanzó instancias internacionales cuando denunciaron a esta plataforma ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra para arrebatarnos los dominios web donde exponíamos la verdad.
La resolución de la OMPI fue tajante: desestimó la demanda de la empresa y dictaminó que los dominios (avatrade-afectados.es y avatrade-afectados.mx) debían permanecer en manos de las víctimas. Es aquí donde la actuación de los gobiernos retrata a cada país.
Por un lado, el Gobierno de México (a través de Registry.MX) acató de inmediato la sentencia internacional, confirmando por escrito que, al desestimarse la solicitud de la empresa, la titularidad permanecía intacta. Un procedimiento impecable y democrático.
Por otro lado, la actuación del Gobierno de España fue escandalosa. En el minuto cero de recibir la sentencia que daba la razón a la víctima, la entidad pública española Red.es envió un requerimiento exigiendo la cesión del dominio español a la empresa estafadora. Ante las quejas inmediatas a Ginebra por esta ejecución ilegal de una sentencia, el gabinete jurídico español alegó un «error administrativo». ¿Es creíble que los expertos jurídicos de una entidad gubernamental no sepan interpretar la frase «desestima la Demanda»? Si la víctima no hubiera estado alerta, el Estado español le habría regalado su dominio a los ladrones.
2. El Indulto Inexplicable a un Investigado
Si lo anterior parece grave, la desaparición de imputados en sede judicial roza lo surrealista. Durante el traslado del procedimiento de Madrid a los Juzgados de Bilbao, varios investigados y empresas «desaparecieron» misteriosamente de la causa.
Entre ellos destaca el nombre de Fernando Márquez Cuello. Las investigaciones independientes revelaron un hecho inaudito: esta persona fue indultada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España mientras se encontraba en prisión por otra estafa en Zaragoza, y estando activamente investigado en este mismo procedimiento judicial por delitos similares. Conceder un indulto —cuyo requisito principal es no reincidir— a alguien envuelto en una red criminal internacional en activo, es un hecho que exige explicaciones inmediatas al más alto nivel político.
3. La Ceguera Judicial en los Juzgados de Bilbao
La inacción judicial ha sido el último y más desesperante muro de impunidad. El comportamiento del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao es, cuanto menos, alarmante: en mayo de 2025, el magistrado dictó un auto de archivo pretendiendo culpar a los estafados por un supuesto ‘incumplimiento del deber de auto-protección’, una lógica perversa que traslada la responsabilidad del delito del criminal a la víctima.
Tuvo que ser la Audiencia Provincial de Bizkaia la que, en septiembre de ese mismo año, revocara ese archivo y obligara al juez a reabrir la investigación para practicar las diligencias pendientes. Sin embargo, el letargo continúa. Tras personarme de nuevo hace dos meses y aportar un bloque contundente de 22 pruebas definitivas, el juez se mantiene en un silencio absoluto, negándose a pronunciarse mientras el tiempo corre a favor de quienes nos han robado.
La culminación de esta desprotección quedó plasmada en la Providencia del 12 de mayo de 2023 dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao. El Magistrado denegó la petición de tomar declaración a los directivos y apoderados de la empresa en España. ¿El motivo alegado? Que «apenas se conocen los nombres» y que no constaba su intervención directa en las operaciones. En términos prácticos, es el equivalente jurídico a eximir de culpa a un general por los crímenes cometidos por las tropas bajo sus órdenes.
4. El Ministerio de Economía y la Violación de Privacidad
La represión institucional contra quien denuncia alcanzó su punto álgido con el escándalo de los 120 expedientes. Como represalia y forma de asfixia económica, la víctima recibió una reclamación de costas procesales adelantada, tramitada de forma anómala a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Al utilizar el Código Seguro de Verificación (CSV) oficial para descargar dicho expediente, el sistema gubernamental expuso una brecha de seguridad colosal: permitió la descarga de los archivos privados y financieros de otros 120 ciudadanos españoles. Al denunciar este hecho públicamente con un vídeo probatorio en YouTube, la respuesta del Estado no fue investigar la brecha ni pedir disculpas. Su respuesta fue la censura. El canal de YouTube de la víctima fue eliminado de forma permanente y el Ministerio procedió a borrar las huellas digitales del error en su Sede Electrónica.
5. La CNMV y el Domicilio Fantasma
Mientras el Gobierno expulsa rápidamente de España a otros brókers menores (como TradeFW) que, ante las quejas, devolvieron hasta el último céntimo a los clientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene una pasividad absoluta con AvaTrade. El organismo público permite que esta empresa figure en sus registros oficiales con un domicilio incompleto (sin número de calle) y se lava las manos añadiendo una nota indicando que no son responsables de la veracidad de esos datos. Ignoran, además, las prohibiciones y multas que esta misma empresa acumula en más de 20 países (incluyendo Israel y Reino Unido).
Conclusión
Las pruebas hablan por sí solas. Indultos incomprensibles, jueces que se niegan a investigar a las cúpulas , organismos que intentan regalar dominios a los estafadores y ministerios que censuran a quienes destapan sus brechas de seguridad. La impunidad de esta red en nuestro país no es un accidente; parece sostenida por un entramado institucional que ha decidido mirar hacia otro lado. Ya es hora de que la verdad salga a la luz y se exijan responsabilidades, no solo a quienes roban, sino a quienes, desde el poder, les abren la puerta.
Actualización: Auditoría técnica y riesgos 2026
La lucha contra la impunidad institucional que he documentado en este artículo no termina en la denuncia política. Para aquellos que buscan un análisis más técnico sobre la seguridad de su capital y el estado actual de las reclamaciones, he habilitado un portal de auditoría permanente. Es fundamental que antes de cualquier movimiento financiero, consultéis los datos actualizados sobre avatrade markets, donde desglosamos las evidencias de las negociaciones extrajudiciales del 78% y el impacto real de la desaparición de pruebas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao. La transparencia es nuestra única herramienta contra un sistema que ha decidido proteger al infractor frente a la víctima.