2. SISTEMA EDUCATIVO: ARGENTINA   

 

Datos Generales

 

Principios y objetivos generales de la educación

 

En la Ley Federal de Educación (1993) se encuentran contenidos los siguientes principios y criterios que fijan los lineamientos de la política educativa del Estado nacional:

·El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincracias locales, provinciales y regionales.

·El desarrollo social, cultural, científico y tecnológico y el crecimiento económico del país.

 ·La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación; la gratuidad y obligatoriedad de la educación (diez años), así como la erradicación del analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos que no hubieran completado la escolaridad obligatoria.

·El establecimiento de las condiciones que posibiliten el aprendizaje de conductas de convivencia social pluralista y participativa, entre ellas el derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza.

 

Prioridades y preocupaciones actuales en materia de educación

Argentina es una República democrática que durante varios períodos de su historia reciente vivió diversas interrupciones políticas al proceso democrático, con consecuencias críticas para su economía y el conjunto de la sociedad. Con el restablecimiento de la democracia y el proceso de reforma del Estado se generan condiciones propicias para el mejoramiento sustantivo del sistema educativo. Sin una mejora educativa será imposible que la  nueva estructura del Estado y las reformas económicas, logren por sí solas el objetivo del desarrollo sostenido. Con ese fin la transformación está orientada en torno a la complementación de los siguientes objetivos: la consolidación de la identidad nacional; el afianzamiento de la democracia; la generación de crecientes niveles de justicia social; el aumento sostenido de la productividad, la eficiencia y la competitividad.

Existe consenso acerca de que el papel de la educación en la conformación actual de la ciudadanía no se agota en la esfera política del voto, de la representación y de la igualdad formal ante la ley. La educación debe transmitir valores que preparen a los ciudadanos para ser miembros activos de una comunidad organizada y para una convivencia basada en el respeto por la diversidad, el pluralismo y la tolerancia. La generación de crecientes niveles de justicia social implica otorgar a la educación un papel activo en la disminución de las desigualdades sociales. En esta línea, se hace hincapié en una distribución democrática de saberes socialmente válidos y de las credenciales que los acreditan como parte fundamental de la contribución de una sociedad verdaderamente integrada.

Toda política de crecimiento tiene un alto contenido de capital humano. Desde esta perspectiva, la educación y la producción y difusión de conocimientos presentan un carácter central en el proceso de desarrollo tecnológico y en el incremento de la competitividad de los individuos y de las nación.

Una de las líneas de acción es la federalización educativa que, como proceso de conducción política, apunta a profundizar la cohesión del sistema educativo nacional. La descentralización tiene como fin mejorar el gobierno y la gestión de la educación y generar procesos de formación acordes con las diversas realidades. La descentralización constituye uno de los ejes principales de la actual gestión educativa. Dentro de ella se inscribe como una etapa la transferencia gestora de los servicios educativos a los niveles provinciales de gobierno.

Para instrumentar la transferencia de servicios, el Congreso aprobó una ley específica que faculta al Poder Ejecutivo a concertar con los gobiernos provinciales el financiamiento y sostén de los servicios transferidos en caso de que las jurisdicciones no alcancen – por los mecanismos previstos en el presupuesto – a solventar los gastos correspondientes.

 El fortalecimiento del Consejo Federal de Cultura y Educación constituye el ámbito adecuado de concertación y coordinación de programas y proyectos de las distintas jurisdicciones, sin afectar las facultades y responsabilidades propias de cada una de ellas. Para evitar que el resultado del proceso de descentralización sea la anarquización y la mayor segmentación de la educación nacional, se trabaja a través de la generación de políticas que den cohesión al sistema, que aseguren la unidad nacional, que garanticen la igualdad de posibilidades a todos los habitantes y que permitan un sistema ágil de validación de saberes y de certificados de los alumnos cuando se trasladen de una jurisdicción a otra.

En este marco, la reestructuración comprende básicamente nuevas definiciones en torno a diferentes aspectos: perfil institucional y funciones; mecanismos de gobierno y de gestión; los procesos y resultados; la composición y las características de los recursos humanos; la infraestructura y el equipamiento; y la reorganización del Ministerio de Cultura y Educación (actualmente, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).

La actividad del Ministerio queda legitimada por la pertinencia de sus propuestas generadas con la participación permanente y oportuna de los actores sociales implicados. Esto supone una capacidad para comunicar y defender informaciones, propuestas y argumentaciones complejas ante actores diversos, en particular:

·con el conjunto de jurisdicciones que tienen a su cargo la gestión educativa, en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación;

·con los actores que conforman el proceso educativo, con el objeto de recibir sus propios aportes, visiones e intereses referidos a la elaboración, aplicación y evaluación a las políticas educativas: universidades, gremios, y organizaciones de educación privada, entre otros;

·con los otros sectores de la comunidad, con el objeto de lograr una participación activa en la acción educativa formal y no formal.

En el mes de septiembre 1994 se firmó el Pacto Federal Educativo, que compromete al Estado nacional, las provincias y la municipalidad de Buenos Aires a cumplir las metas de financiamiento dispuestas por la Ley Federal de Educación, en orden a:

– generalizar la capacitación acorde con la transformación educativa en curso;

– erradicar los establecimientos precarios;

– expandir la matrícula (100% de escolarización entre 5 y 14 años);

– mejorar la calidad del sistema educativo;

– adecuar la capacidad edilicia y el equipamiento a la nueva estructura.

Las ideas-fuerza que dirigen el proceso de transformación de la educación son: a) equidad y calidad; b) descentralización y participación; c) excelencia académica para todos; y, d) transformación organizacional.

La escuela debe asumir un rol fundamental en la democratización de la educación, asegurando la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en el acceso, en la permanencia y en los resultados alcanzados dentro del sistema educativo. Deberá orientarse hacia la atención personalizada del alumnado, utilizando diferentes estrategias docentes para la enseñanza, para la evaluación de los aprendizajes, para el seguimiento de los estudiantes, para la detección temprana de dificultades y para la elaboración y aplicación de mecanismos de compensación de déficit.

La unidad de cambio del sistema es la institución escolar, que debe gozar de mayor autonomía pedagógica y administrativa. Los “Contenidos Básicos Comunes” acordados a nivel nacional (y aprobados en noviembre de 1994 para el nivel inicial y la educación general básica), el fortalecimiento de las conducciones educativas de los sistemas provinciales y el funcionamiento pleno del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, son el marco en el que se promueve la creciente autonomía de la unidad escolar.

La renovación de los contenidos educativos es un proceso imprescindible, que debe lograr una transformación profunda del conocimiento que se transmite, incorporando nuevos enfoques, nuevos campos y aportes de nuevas disciplinas, todo ello en el marco de la generación de “competencias básicas” en los alumnos.

 En síntesis, la década de 1990 se caracteriza por un profundo programa de reformas del Estado y de la economía argentina, proceso que fue acompañado con diversas reformas de los sectores de salud, educación, desarrollo y seguridad social. En el área de la educación, se generó un nuevo ordenamiento normativo a nivel nacional que modificó la regulación del sistema educativo en su conjunto. A partir de cambios legales se desarrollaron políticas innovadoras en materia de estructura de niveles y ciclos, contenidos y currículo, evaluación del sistema, formación y capacitación de docentes.

 

  El Plan Federal de Educación 2002-2003 es la propuesta de políticas y acciones que tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de preceptos constitucionales y legales en materia educativa, en el marco de la emergencia social y económica por la que atraviesa el país. Sus ejes estratégicos se dirigen a fortalecer las dimensiones de equidad y calidad en educación, formulando acciones orientadas a producir cambios en las aulas que permitan incrementar los niveles de inclusión, retención y permanencia, así como mejorar los aprendizajes de los alumnos, la formación docente, la capacitación continua, la construcción de capacidades en materia de gestión institucional, y la evaluación de la calidad educativa que genere la base informativa necesaria para la planificación y la gestión del sistema.

En el marco de la crisis, y en el centro de la dimensión de la equidad se encuentra la necesidad de garantizar condiciones de educabilidad para los estudiantes asegurando el derecho humano a la educación. Por su parte, el desafío del mejoramiento de la calidad busca garantizar que los alumnos que concurren a todas las escuelas participen de un proceso educativo centrado en conocimientos relevantes, pertinentes, en un marco ético y valorativo que recupere los atributos de tolerancia, solidaridad, respeto por el otro y orientación al bien común.

En este marco y siempre dentro de la emergencia social y económica, el Plan debe concentrarse en políticas estratégicas, evitando el desarrollo de propuestas dispersas, de bajo impacto o excelencia reducida a pocos actores. Las acciones del Plan Federal deben focalizarse en un número reducido de programas, de gran alcance, dirigidos a generar herramientas que permitan abordar la situación de crisis que la población del país atraviesa, potenciando el rol de la educación en la integración social, la promoción ciudadana y como insumo para el desarrollo de niveles crecientes de capital social y humano. En el marco del Plan Federal, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desarrollará sus acciones alrededor de cinco estrategias políticas que le dan sentido y unidad. Ellas son:

 ·Políticas compensatorias: teniendo en cuenta la situación de emergencia por la que atraviesa el país resulta indispensable, sin dejar de atender las cuestiones propias del sistema educativo, destinar un alto porcentaje del esfuerzo económico a compensar las desigualdades que se observan entre las diferentes regiones del país y los diferentes sectores de la sociedad en orden a las posibilidades y potencialidades educativas de los alumnos.

·Políticas para la formación y capacitación docente continua: conjuntamente con el debilitamiento de la implementación de las leyes federales, se produjo un desvanecimiento de la Red Federal de Formación Docente Continua y de las acciones orientadas a completar la instalación de las carreras terciarias de formación docente y la acreditación nacional de las carreras en los institutos terciarios no universitarios; en tal sentido, se requieren políticas firmes para recuperar la formación docente continua y la capacitación docente.

·Políticas para el mejoramiento de la calidad educativa: para que, a partir de la crisis expresada por los bajos rendimientos de las mediciones de calidad y los altos índices de repitencia, se intervenga a fin de garantizar la formación de ciudadanos capaces desde su dignidad, de realizarse personal y socialmente.

·Políticas para la implementación de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior: para la concreción de un sistema educativo federal integrado nacionalmente. Dicha implementación, iniciada a partir de 1993 y acordada por las jurisdicciones en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, muestra actualmente una situación heterogénea en el grado de aplicación alcanzado; las diferentes formas que las jurisdicciones abordaron la transformación educativa, manifiestan en la actualidad una dispersión que se contradice con uno de los principios fundamentales de la Ley: la concreción de un sistema educativo federal integrado nacionalmente.

·Políticas para el fortalecimiento de los equipos de las administraciones provinciales: para que una gestión eficiente y eficaz de los recursos económicos y humanos redunde en el mejor funcionamiento del sistema educativo.

 

Leyes y otras normas fundamentales relativas a la educación

 

La organización federal del país tiene como consecuencia un complejo ordenamiento jurídico. Las bases legales que rigen la educación nacional están constituidas por: la Constitución y las leyes nacionales; las constituciones y las leyes provinciales; los decretos dictados por el poder ejecutivo nacional y por los poderes ejecutivos de los gobiernos provinciales; las resoluciones ministeriales nacionales y de los gobiernos provinciales.

Los instrumentos legislativos más recientes y significativos son los siguientes:

 La Ley n° 24.049 de 1991, mediante la cual se establece la transferencia a las provincias de los servicios educativos que aún dependían del Gobierno Nacional. La instrumentación del proceso de descentralización de los servicios educativos se llevó a cabo entre 1992 y 1994 mediante la suscripción de convenios de transferencia entre el Estado nacional y cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley n° 24.195, Ley Federal de Educación. Sancionada en 1993, la Ley plantea los lineamientos básicos para la transformación de la educación de los niveles primario y secundario. Establece nuevos objetivos, una nueva estructura académica y la necesidad de nuevos contenidos para todos los niveles, así como normas para el gobierno descentralizado de la educación. Asigna al Estado el  papel de formular las políticas, controlar la calidad educativa y compensar las diferencias, mientras que los servicios educativos dependen directamente de los gobiernos provinciales.

La Ley n° 24.521, relativa a la Educación Superior, sancionada en 1995. Se ocupa del nivel terciario tanto en lo que hace a la universidad como a los estudios terciarios no universitarios, entre los cuales se encuentra la formación de docentes.

La Ley Federal de Educación establece diez años de escolaridad obligatoria: el último del nivel inicial (5 años de edad) y los nueve de la educación general básica (EGB, a partir de los 6 años).

 

 

Administración y gestión del sistema educativo

La República Argentina es un estado federal dividido en 24 jurisdicciones. Cada una de ellas gobierna (decide políticamente y administra) todos los servicios sitos en su territorio, incluidos los servicios escolares.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (anteriormente, el Ministerio de Cultura y Educación) de la Nación, en el marco del Poder Ejecutivo nacional, constituye el más alto nivel de conducción de la educación y su responsabilidad es concurrente y concertada con los Ministerios de Educación Provinciales y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA). Las provincias y la MCBA tienen a su cargo la administración y supervisión de la mayor parte de los servicios educativos, exceptuado el subsistema universitario y parte de los servicios de evaluación superior no universitaria. La forma de organización político institucional que adopta el gobierno de la educación en cada provincia depende de la legislación vigente en cada caso, de las peculiaridades histórico-culturales y del desarrollo y complejidad de su sistema educativo. En algunas provincias existen ministerios de educación, en otras secretarías de estado y en algunos casos direcciones generales.

Le compete al Ministerio de Educación, entre otros:

·Garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del sistema nacional de educación.

·Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as dejando abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, municipales, comunitarios  y escolares.

·Dictar normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios, estableciendo la validez automática de los planes concertados en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación.

 

 

·Favorecer una adecuada descentralización de los servicios educativos y brindar a este efecto el apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA).

·Promover y organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional.

·Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia técnica al sistema entre ellos, los de planeamiento y control: evaluación de calidad; estadística, investigación, información y documentación; educación a distancia, informática, tecnología, educación satelital, radio y televisión educativas en coordinación con las provincias y la MCBA.

·Contribuir con asistencia técnica para la formación y capacitación técnico-profesional en los distintos niveles del sistema educativo, en función de la reconversión laboral en las empresas industriales, agropecuarias y de servicios.

·Elaborar una memoria anual donde consten los resultados de la evaluación del sistema educativo, la que será enviada al Congreso de la Nación.

 El Consejo Federal de Cultura y Educación es el ámbito de coordinación y concertación del sistema nacional de educación y esta presidido por el Ministro nacional del área e integrado por el responsable de conducción educativa de cada jurisdicción y un representante del Consejo Interuniversitario. La misión del Consejo es unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la identidad nacional y en que a todos los habitantes del país se les garantice el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y equitativa. En particular, le corresponde al Consejo concertar, dentro de los lineamientos de la política educativa nacional, los contenidos básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema. Además, es función del Consejo acordar los contenidos básicos comunes de la formación profesional docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como tal en cada ciclo, nivel y régimen especial.

 Según la Ley Federal de Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación tendrá a su vez el apoyo de dos consejos consultivos: el Consejo Económico Social, integrado por representantes de las Organizaciones Gremiales Empresarias de la Producción de los Servicios, la Confederación General del Trabajo y el Consejo Interuniversitario Nacional; y, el Consejo Técnico Pedagógico, integrado por especialistas designados por miembros del Consejo Federal y dos especialistas designados por la organización gremial de trabajadores de la educación de representación nacional mayoritaria.

Las autoridades competentes de las provincias y de la MCBA, tienen entre otras las siguientes atribuciones: a) planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción; b) aprobar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales en el marco de lo acordado en el Consejo Federal; c) organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción; y, e) evaluar periódicamente el sistema educativo en el ámbito de su competencia controlando su adecuación a las necesidades de su comunidad, a la política educativa nacional y a las políticas y acciones concertadas en el seno del Consejo Federal, promoviendo la calidad de la enseñanza.

 Los municipios constituyen las unidades locales de administración, y en su gran mayoría no han desarrollado servicios de educación. En algunas localidades, los municipios ha creado establecimientos de educación pre-primaria. La Municipalidad de Buenos Aires, por su importancia y dimensión, funciona como una jurisdicción más del sistema nacional de educación y goza de las facultades que son competencia de las administraciones provinciales. Administra servicios de enseñanza pre-primaria, primaria y secundaria, así como regímenes especiales.

 Una figura muy extendida en la organización escolar es la de las cooperadoras escolares. Se trata de organizaciones donde se reúnen los padres de los alumnos de un establecimiento a los efectos de estrechar las relaciones entre ellos y la escuela. En la ciudad centran su acción en la ayuda económica a la escuela, canalizando los fondos que pueden extraer de la comunidad (vía donaciones o cuotas de los alumnos) o administran otros que recibe de las autoridades (como en el caso de construcciones o refacciones, y en algunas provincias los comedores escolares).

 

Estructura y organización del sistema educativo

Argentina: estructura del nuevo sistema educativo

 

Educación preprimaria

 La educación inicial es constituida por el jardín de infantes para niños de 3 a 5 años de edad, en la que es obligatorio el último año. El jardín maternal atiende niños menores de 3 años.

 

Educación primaria

La educación general básica (EGB), obligatoria, tiene nueve años de duración a partir de los 6 años de edad. La EGB es entendida como una unidad pedagógica integral organizada en tres ciclos de tres años cada uno. La Ley Federal de Educación ha transformado la antigua estructura de siete grados de escuela primaria y cinco de escuela secundaria en esta nueva organización.

 

 

Educación secundaria

 La educación polimodal, después del cumplimiento de la EGB, es impartida por instituciones específicas y los estudios tienen tres años de duración como mínimo. La educación polimodal define dos tipos de formación: una formación general de fundamento, que asegura la adquisición de un núcleo de competencias básicas; y una formación orientada, con contenidos diferenciados definidos por las distintas instituciones. En paralelo con el nivel polimodal, las escuelas pueden ofrecer un trayecto técnico-profesional que habilita para tareas específicas y que puede llegar hasta un año más de estudios para obtener el título de técnico.

 

La educación superior no universitaria se ofrece en los Institutos Superiores de Formación Docente o equivalentes y en los Institutos de Formación Técnica que otorgan títulos profesionales y estarán articulados horizontal y verticalmente con la universidad. La duración de los estudios varía entre dos años y medio y cuatro años. La educación superior de nivel universitario (definida como educación cuaternaria) está bajo la responsabilidad de las universidades y de las instituciones académicas, científicas y profesionales de reconocido nivel, siendo requisito para quienes se inscriban el haber terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y experiencia suficientes para el cursado del mismo.

 

 La duración del año escolar es de 180 días hábiles (de clase) en todos los niveles.